En medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política, el Congreso de la República del Perú ha vuelto a marcar la agenda con una decisión que ha generado controversia: la no aprobación del proyecto que proponía la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Esta determinación no ha pasado desapercibida, especialmente si se contrasta con la reciente aprobación de la reelección inmediata de congresistas a partir del 2026 disfrazada en la Bicameralidad.

El rechazo a la reelección de autoridades subnacionales parece sustentarse en una narrativa que ha calado hondo en la opinión pública desde hace varios años: que la reelección es sinónimo de corrupción, clientelismo y perpetuación en el poder. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos ante un caso más de decisiones políticas tomadas con cálculo y conveniencia, más que con una visión de fortalecimiento institucional y continuidad en la gobernabilidad de nuestros gobiernos locales y regionales?

La reelección: entre la eficiencia y el riesgo

Reelegir a una autoridad —sea alcalde, gobernador o congresista— no es necesariamente malo. En los sistemas democráticos maduros y de mejor calidad institucional, la reelección se interpreta como un mecanismo de rendición de cuentas: si una gestión es eficiente, la ciudadanía tiene el derecho de premiarla con un nuevo mandato. En el caso de las municipalidades, donde los alcaldes solo tienen cuatro años para ejecutar planes de desarrollo, obras y reformas locales, muchas veces este periodo es insuficiente para culminar lo proyectado. La reelección inmediata permitiría dar continuidad a los proyectos y evitar esa constante “borrón y cuenta nueva” cada vez que asume una nueva gestión.

Por otro lado, los riesgos son innegables. Las experiencias de reelecciones indefinidas o mal fiscalizadas han dado lugar a redes de corrupción, uso de recursos públicos con fines electorales y clientelismo político. La reelección inmediata también puede convertirse en un incentivo perverso para que las autoridades prioricen medidas populistas o de corto plazo con tal de garantizar su continuidad, ponen al Estado y los recursos públicos, a merced de los intereses políticos.

La pregunta, entonces, no es si la reelección debe existir o no, sino bajo qué condiciones puede implementarse de manera saludable para el sistema democrático y con adecuados mecanismos de control.

¿Por qué sí se permite la reelección de congresistas?

Resulta paradójico que el mismo Congreso que bloqueó la reelección de alcaldes haya aprobado, en diciembre de 2023, la reelección inmediata de congresistas, incluso bajo el disfraz de la Bicameralidad. Este cambio, que entrará en vigencia para las elecciones de 2026, fue justificado en nombre de la “profesionalización” de la función legislativa y la necesidad de consolidar experiencia parlamentaria. Es un argumento válido. Sin embargo, cuando se aplica con exclusividad al Congreso y se niega a las autoridades locales, revela un claro sesgo de intereses corporativistas.

Es evidente que el Congreso legisla con más disposición cuando la norma le beneficia directamente. La supresión de la reelección parlamentaria en el referéndum del 2018 fue una medida celebrada por la ciudadanía como un triunfo frente a la clase política; su reversión, sin embargo, se ha producido de forma poco transparente y sin mayor debate público. Al mismo tiempo, no se otorga el mismo beneficio a alcaldes y gobernadores, quienes, a pesar de tener roles ejecutivos y una fuerte conexión con las demandas territoriales, son excluidos bajo el pretexto del “peligro de la corrupción”, la “institucionalización del roba, pero hace obras”.

¿Un castigo populista o una oportunidad perdida?

La no aprobación de la reelección inmediata de alcaldes también responde a un clima de presión social. En una coyuntura de creciente indignación ciudadana por los escándalos de corrupción y las crisis políticas recurrentes, la política de mano dura contra la clase dirigente ha sido usada como capital político, sin necesariamente abordar los problemas de fondo. Prohibir la reelección parece una solución rápida, pero no resuelve la precariedad de los partidos, la debilidad de los sistemas de control o la falta de instituciones fortalecidas y al servicio de los ciudadanos.

Al contrario, lo que estamos haciendo es debilitar aún más los gobiernos locales y regionales. En lugar de impulsar una carrera política territorial profesionalizada, desincentivamos la continuidad de buenos liderazgos y alimentamos la fragmentación. Al no permitir la reelección inmediata, empujamos a muchas autoridades a gobernar con apuro, sin planificación ni sostenibilidad, mientras los ciudadanos seguimos condenados a empezar de cero cada cuatro años.

¿Qué hacer entonces?

La clave no está en prohibir o permitir sin condiciones. La solución más razonable sería aprobar la reelección inmediata bajo reglas claras, con mecanismos de evaluación de desempeño, transparencia, límites en la reelección (una sola vez, por ejemplo) y un fortalecimiento real de los órganos de fiscalización y control. Además, se necesita una reforma integral del sistema de partidos, para que los liderazgos no giren en torno a personas aisladas sino a propuestas programáticas sólidas y que no haya alta migración entre un partido y otro en cada proceso electoral.

Finalmente, urge coherencia. No se puede permitir la reelección de congresistas y negarla a alcaldes, salvo que se quiera perpetuar la idea de que el poder se reparte entre los que legislan, y no entre los que gobiernan, gestionan y ejecutan.