El incrementode la criminalidad en el Perú se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. Con una ola delictiva que abarca desde el sicariato hasta el crimen organizado transnacional, el país enfrenta una crisis de seguridad que ha puesto en jaque a las instituciones y la capacidad del Estado para darle lucha frontal y ganarle terreno. En este contexto, la agenda política rumbo a las elecciones generales del 2026 se perfila con un eje predominante: la lucha contra la criminalidad.

Si bien en anteriores campañas electorales la seguridad ciudadana fue un tema recurrente, con pocas propuestas serias y viables, hoy se ha convertido en el factor determinante para la elección de un nuevo gobierno. En las encuestas, los ciudadanos demandan acciones inmediatas y eficaces, exigiendo medidas que vayan más allá de discursos retóricos, de medidas populistas. Este escenario favorece el surgimiento y consolidación de candidatos que proyecten una imagen de "mano dura", de autoridad, con antecedentes en la lucha contra la criminalidad y la capacidad de generar resultados visibles.

Los perfiles con mayores posibilidades de posicionarse serán aquellos que tengan experiencia en seguridad y orden público. Exministros del Interior, militares retirados con gestión en seguridad, exalcaldes con logros concretos en la reducción de delitos, o figuras con un discurso firme y populista en torno al combate contra la delincuencia tendrán una ventaja significativa. El electorado buscará liderazgos que no solo prometan cambios, sino que demuestren haberlos conseguido previamente y que puedan darle lucha denodada al terror que impera en las calles del país.

En la próxima campaña, veremos propuestas más drásticas y radicales en materia de seguridad: militarización de zonas de alto riesgo, endurecimiento de penas, ampliación del estado de emergencia, deportación de extranjeros en situación irregular vinculados al crimen, e incluso la implementación de prisiones de máxima seguridad al estilo salvadoreño. La influencia de modelos internacionales, como el de Nayib Bukele en El Salvador, marcará la agenda y se convertirá en un referente ineludible para los aspirantes al sillón de Pizarro.

Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de su implementación realista y de un enfoque integral que abarque la prevención del delito, la modernización de la Policía Nacional, su capacidad para reorganizarse internamente y el fortalecimiento del sistema de justicia. El reto para los candidatos será equilibrar la promesa de resultados inmediatos con políticas sostenibles en el tiempo.

El 2026 no será una elección tradicional. El hartazgo ciudadano y el miedo a la delincuencia definirán el voto. La seguridad ya no es solo un tema más en el debate electoral; es el tema. Y el próximo presidente del Perú será quien logre convencer al electorado de que tiene la solución en sus manos o que al menos, puede proyectarlas de mejor manera.